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Varias comunidades iniciaron el procedimiento de reforma de sus estatutos de autonomía. El denominado Plan Ibarretxe, no planteado como una reforma estatutaria sino como una iniciativa soberanista para el País Vasco, fue rechazado por las Cortes (1 de febrero de 2005). La reforma del Estatuto catalán fue aún más polémica; a pesar de exceder todos los trámites legislativos con distintas modificaciones y entrar en vigor tras el referéndum del 18 de junio de 2006, fue objeto de un memorial de inconstitucionalidad tramitado de forma accidentada por el Tribunal Constitucional, que no emitió su defecto hasta el 28 de junio de 2010, interpretando restrictivamente ciertas partes del texto e invalidando otras.
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Durante casi todo el año 2006 se llevaron a cabo contactos del gobierno con ETA en un contexto de «stop el fuego permanente» declarada por el Congregación terrorista y de protestas del Partido Popular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los medios de comunicación de orientación conservadora; y que se demostraron infructuosos tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos personas (30 de diciembre de 2006). Más capacidad demostró la presión policial, jurídico e internacional, que consiguió la detención consecutiva de los equipos dirigentes que se sucedieron en la cúpula de la costado terrorista; y el impedimento, mediante reformas legislativas y decisiones judiciales, de que las agrupaciones políticas organizadas en torno a ETA obtuvieran representación política en ayuntamientos y parlamentos, al ser ilegalizadas parcial o totalmente en unas u otras convocatorias electorales (especialmente desde el Pacto Antiterrorista de 2000 y la Ley de Partidos de 2002, ambas con el consenso de PP y PSOE, que se mantuvo, con tensiones puntuales, con entreambos partidos en posición de concurso o de gobierno).